María Inés de Ferari, Directora de Corporación PARTICIPA y una de las coordinadoras hemisféricas de la RED DEMOCRACIA ACTIVA, después de participar en Lima, entre los días 4 y 6 de junio de 2010, en la 40ª Sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló, en una carta al diario La Nación (martes 15 de junio de 2010) que, al asistir a las actividades orientadas a la sociedad civil, “constatamos los reparos que varios estados tienen para sostener un debate directo con la ciudadanía”.

La RED DEMOCRACIA ACTIVA, de la que PARTICIPA forma parte, en colaboración con la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y Socios para el Cambio Democrático, acordaron una declaración conjunta que fue entregada al Secretario General de la OEA y, en general, a los representantes de los gobiernos participantes en la Asamblea General.

En dicha declaración, se planteó formalmente la necesidad de aprobar una ESTRATEGIA RENOVADA DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC, S) EN LAS ACTIVIDADES DE LA OEA. En concreto, se acordó la necesidad de eliminar el derecho a veto, lo que implica que los gobiernos de lo países de donde proceden las organizaciones sociales pueden vetar la participación de ellas en reuniones internacionales de la OEA. En conversación con este medio, De Ferari señaló: “No puede ser que muchas organizaciones sociales estén registradas en la OEA y que, no obstante ello, cada vez que se va a realizar alguna reunión internacional, deban volver a acreditarse, siendo sometidas a la venia de sus gobiernos”.

Sin embargo, en la carta a La Nación, De Ferari subrayó un aspecto positivo del encuentro de la OEA, cual es la aprobación de “una Ley Modelo de Acceso a la Información Pública, construida a través del diálogo entre la OEA y organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema, lo que muestra los buenos resultados que se obtienen a través del trabajo colaborativo entre ambas partes”.

Hay que decir que Chile ya cuenta con esta legislación. Se trata de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la información pública, promulgada el 11 de septiembre de 2008 y vigente desde el 20 de abril de 2009. Esta normativa constituye un gran avance en la democracia chilena, porque consagra los principios de transparencia y de acceso a la información pública, generándose una institucionalidad destinada a garantizar el cumplimiento efectivo de tales principios.

Sobre dicha Ley Modelo, De Ferari señaló en la carta aquí referida: “Esta ley busca ser un referente para los países que están discutiendo leyes similares y para los que ya cuentan con una, como Chile. En ambos casos, se espera que el principio de transparencia y acceso a la información pública sean una práctica diaria, garantizada por el Estado y ejercida por la ciudadanía”.

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