La cancillería se ha manifestado contraria a la decisión del Consejo para la Transparencia, luego que este último acogiera un amparo por la denegación de la solicitud realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores, relativa a “los nombres, apellidos y detalle de los honorarios cobrados por los abogados que representaron a Chile en la demanda marítima que efectuara Perú ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, desde enero de 2010 a octubre de 2011”, entre sus descargos señala que dicha información puede perjudicar la defensa de Chile ante La Haya.
No obstante el Presidente del CPLT ha señalado que los nombres y honorarios que se piden se refieren sólo a los abogados que tienen el patrocinio y poder para representar a Chile ante el Tribunal de la Haya en el período enero de 2010 y octubre de 2011, por ende no era posible advertir de qué manera la revelación del nombre de los abogados y de los honorarios pagados a ellos por el Estado de Chile, en el período aludido, pudiera debilitar la estrategia judicial del país. En este caso, lo relevante sería acreditar de qué manera la revelación de la información pedida afectaba la estrategia de Chile en el litigio, y eso, a juicio de la unanimidad del CPLT no fue demostrado por el MINREL, “Cuando no se acredita la justificación de una causal de reserva, debe primar la publicidad de la información por mandato de la ley de transparencia”, argumenta el presidente del CPLT.
La solicitud fue realizada por la estudiante argentina Romina Colman, por lo que el CPLT, en relación con la nacionalidad de la solicitante ha señalado que “Dicha cuestión es irrelevante. La información debe ser pública o privada en función de su contenido y no de quién la pida. No importa quién pida la información, ni para qué. Puede ser mayor de edad o un niño, incluso una persona privada de derechos políticos. Es un derecho de las personas, sin discriminación”, explica Alejandro Ferreiro.
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